En los casos penales de delitos contra la administración se requiere una visión estratégica a partir del conocimiento especializado de las entidades estatales, su régimen jurídico y contractual, lo que es un plus en referencia a los acusadores que por lo general desconocen dichas particularidades. Tal circunstancia permite una ventaja competitiva, dado el conocimiento y la orientación específica que se pueda generar al respecto.